Los PPP como reemplazo de los gastos de capital del Estado

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Resumen

El acuerdo con el FMI lleva al gobierno nacional a realizar un fuerte ajuste del gasto público, con el objetivo de eliminar el déficit fiscal primario en 2020. Se prevé un ajuste de los gastos de capital -obra pública y equipamiento- por 81% en 3 años. Al mismo tiempo que se realiza este ajuste, se impulsan los Proyectos de Participación Público Privada (PPP) con el objetivo de amortiguar el ajuste, sin afectar las finanzas públicas en los próximos años. Sin embargo, teniendo en cuenta los proyectos propuestos y el avance en las actuales licitaciones, ni siquiera en un escenario optimista alcanzarían para reemplazar la caída en los gastos de capital.

Evolución de los gastos de capital y ajuste propuesto

Entre 2015 y 2017, los gastos de capital del Sector Publico Nacional pasaron de representar del 2,70% al 1,97% del PIB de cada año.[1] Este tipo de gastos se distribuye en inversiones directas que hace el Estado en las áreas de transporte, vivienda, energía, agua y alcantarillado y educación y en transferencias a provincias que luego invierten. La distribución geográfica de los gastos de capital mantiene cierta coherencia con la población de cada provincia, aunque Santa Fe, Tucumán y Córdoba recibieron el menor gasto de capital per cápita que el resto.

Según el presupuesto 2018, pasarían a representar el 1,90% del PBI, siendo de $ 235.152 millones. Es decir, la reducción de estos gastos continuaba, pero a un menor ritmo. Sin embargo, a partir de la gestión con el FMI la situación cambió.

El anuncio del ministro Dujovne detalló cómo será el ajuste del gasto público, de modo de eliminar el déficit fiscal en 2020. Un 43% del ajuste se dará mediante la reducción de los gastos de capital.

Si bien el acuerdo se dio a fines de mayo, en los primeros meses del año ya se observa una disminución de los gastos de capital respecto al mismo período del año anterior. El objetivo que plantea el gobierno es que este tipo de gastos pase a representar sólo un 1,27% del PIB en 2018, contra el 1,90% que planteaba el presupuesto aprobado. En 2019 pasaría a representar 0,67% y en 2020 apenas 0,37%, menos de la quinta parte de lo destinado en 2017.

Fuente: Elaboración propia en base a Presupuesto y Acuerdo Argentina-FMI del Ministerio de Hacienda

Los proyectos de infraestructura vía PPP

En el marco de este ajuste, se comienzan a implementar los proyectos de Participación Público-Privada (PPP). Estos proyectos son una forma novedosa de realizar obra pública en Argentina, aunque se vienen utilizando hace ya varias décadas en el mundo.

El objetivo del gobierno es que el sector privado financie una inversión de U$S 26.000 millones a fin de concretar un total de 52 proyectos, que luego pagaría el Estado. Este gasto se distribuiría en, al menos, cinco años y el pago de las obras por parte del Estado -que incluye el costo de las obras y también su financiamiento- se realizaría en los 10 años posteriores. Es decir que este sistema permite hacer obra pública sin afectar el déficit actual, a costa de engrosar los de los años venideros.

Según el Presupuesto 2018 (Planilla 59) se preveía que, para 2020, se estaría realizado el 79% del avance físico de las 52 obras a realizar mediante este mecanismo. Sin embargo, todavía no comenzó ninguna obra por lo que se muestra un claro retraso que imposibilita su concreción en el tiempo estipulado inicialmente.

En la página web de la Subsecretaria de Proyectos de Participación Público-Privada sólo se mencionan doce proyectos, de los cuales ocho no tienen aún fecha de licitación.

De los cuatro restantes sólo la Etapa I de obras viales está en marcha. Este proyecto involucra una inversión de alrededor de U$S 6.000 millones. A su vez, se continúa postergando la licitación de la Etapa I de la Red de Expresos Regionales (U$S 1.060 millones), el que implica un ambicioso plan de conectividad urbana con una estación bajo nivel en el obelisco. En un inicio, su fecha de licitación estaba prevista para el 19 de abril, pero aún no sucedió.

Lo mismo sucede con los otros dos proyectos, que se encuentran atrasados. Se lanzarían en los próximos meses. Uno involucra mejorar la eficiencia eléctrica en el alumbrado público en nueve municipios del conurbano (es decir, cambiar de lamparitas comunes a led) y tiene un costo total de U$S 50 millones y el otro, realizar un tendido eléctrico de alta tensión desde Mendoza a Buenos Aires. Este último no poseen aún siquiera un estimado de costo de las obras.

En suma, los tres proyectos con presupuesto representan inversiones por U$S 7.110.

Por todo lo planteado, podríamos pensar que este año comenzarán a ejecutarse las obras viales y los otros tres proyectos darían sus primeros pasos. En teoría existen más proyectos en vista a comenzar este año, sin embargo, la idea de los U$S 26.000 millones parece desvanecerse ante la tardanza y dificultad de impulsar los PPP.

En este contexto, los PPP parecerían implicar en los próximos dos años una inversión total de como máximo U$S 8.000 millones, siendo optimistas, lo que representa un 1,33% del PIB. Si tomamos como base el Presupuesto, podemos decir que el avance físico de las obras no será homogéneo a lo largo de los años sino que se alcanzará apenas el 3,4% en 2018 y 24,1% en 2019. De este modo, el plus que implican los PPP sobre los gastos de capital se observaría sobre todo en 2019, donde aportarían un 0,04% y 0,32% del PIB respectivamente.

Claramente este aporte es insuficiente para compensar la caída de los gastos de capital establecidos en los anuncios del acuerdo con el FMI. En 2018 compensarían apenas el 6% de esa caída y en 2019, el 47%.

Por lo tanto, los PPP no serían una solución al ajuste en los gastos de infraestructura, al menos en 2018 y 2019. Si sumamos el pedido del FMI de contabilizar en el gasto primario los gastos de los Programas de Inversiones Prioritarias (PIP), la situación del gasto en infraestructura para los próximos años es aún más preocupante.

[1] Según datos de INDEC y Secretaría de Hacienda

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