Los aumentos de peajes y la política de déficit cero de Larreta

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Cuatro meses después de la última actualización del cuadro tarifario, en abril de 2018 se produjo un nuevo aumento, esta vez del 13% promedio. Si bien desde el Gobierno de la Ciudad justifican a los aumentos a fin de preservar la ecuación económica financiera de la empresa, lo cierto es que la recaudación ha crecido un 35% en términos reales desde 2014.

La red de autopistas de ingreso a la Ciudad de Buenos Aires está concesionada a Autopistas Urbanas Sociedad Anónima (AUSA), empresa cuyo capital accionario es en su totalidad de la CABA. Los ingresos de la empresa provienen del peaje y las condiciones de la concesión, fijadas en la Ley N° 3.060, marcan que la empresa no puede gastar más del 40% de sus ingresos a atender los gastos de administración y mantenimiento ordinario de las obras existentes en la autopista.

Con excepción de una porción menor de sus recursos, que se destinan a un fondo para ampliar y sostener el subterráneo, el resto debe ser utilizado por AUSA para realizar obras dentro de la Ciudad. En este sentido, AUSA es reconocida por la construcción de los múltiples pasos bajo nivel que se realizaron en los últimos años. Cabe destacar, que a contramano de lo que estipula la Ley anteriormente mencionada, la definición acerca de cuáles son las inversiones que realiza no es tomada por la Legislatura sino directamente determinadas por el Ministerio de Desarrollo Urbano y Transporte.

El Gobierno de la Ciudad viene incrementando los peajes fuertemente. En efecto, de no haber sido por un amparo del poder judicial, en febrero de 2017 hubieran aumentado un 60% en promedio, duplicando al ritmo de la inflación. Finalmente, ese cuadro tarifario fue implementado, pero recién en diciembre del año pasado.

Cuatro meses después de la última actualización del cuadro tarifario, en abril de 2018 se produjo un nuevo aumento, esta vez del 13% promedio. A su vez, se amplió el horario pico a ambas direcciones y se extendió el mismo al fin de semana. A favor de la medida, se continuó con el beneficio para los usuarios del telepase, política que se comenzó a implementar en 2017.

Si bien desde el Gobierno de la Ciudad justifican a los aumentos a fin de preservar la ecuación económica financiera de la empresa, lo cierto es que la recaudación ha crecido un 35% en términos reales desde 2014. Por lo tanto, en la realidad los argumentos para el aumento no parecen estar asociados al mantenimiento de las autopistas, sino a la necesidad de incrementar el financiamiento del GCBA. Esto último está íntimamente relacionado con el pedido de Mauricio Macri a Rodriguez Larreta, de equilibrar las cuentas públicas de la Ciudad.

Terminando el 2017, la Ciudad de Buenos Aires suscribió con el gobierno nacional dos acuerdos relevantes para sus finanzas públicas. Por un lado, la Ley de Responsabilidad Fiscal, que establece que aquellas provincias que tengan déficit financiero no podrán incrementar su gasto por encima de la inflación. Casi simultáneamente, también firmó el Consenso Fiscal, que compromete a las provincias a reducir las alícuotas de Ingresos Brutos en determinados sectores de la economía.

En sintonía a estos acuerdos y alineada al gobierno nacional, la Ciudad de Buenos Aires comenzó reduciendo su déficit en 2017 mediante la no ejecución del 5% del gasto previsto en el presupuesto. Así, el déficit primario y financiero, representó un 1,5% y 5,1% de los recursos totales, respectivamente, muy por debajo de lo proyectado (3,7% y 7,1%).

En parte, este mejor resultado de las cuentas públicas se logró a través de una subejecución del gasto de capital. De los $ 43.300 millones que se iban a utilizar para obras de infraestructura y bienes durables, sólo se ejecutaron $ 38.500 millones. Los gastos de capital que más sufrieron el ajuste a fin de año fueron los vinculados a vivienda. El Instituto de la Vivienda de la Ciudad gastó sólo $ 1.500 millones de los $ 2.800 destinados a infraestructura (55%). Esto seguramente implique un mayor retardo en la concreción de obras relacionadas a resolver las problemáticas de vivienda en los asentamientos precarios de la Ciudad.

Para 2018, el Gobierno de la Ciudad se puso como objetivo gastar lo mismo que recauda teniendo en cuenta los intereses de deuda, es decir tener un superávit primario y equilibrada la cuenta financiera. El objetivo parece difícil ya que, a contramano del discurso oficial nacional con relación al déficit fiscal, la Ciudad obtuvo déficits en ambas cuentas desde que comenzó a gobernar el PRO. A fin de resolver este problema en 2018, ya implementó varias medidas de ajuste.

En primer lugar, negoció paritarias con el gremio de trabajadores del GCBA (SUTECBA) al 12% y está intentando hacer lo mismo con los docentes. El objetivo con estos acuerdos es reducir el gasto en remuneraciones al personal, que representaron el 45% del gasto total en 2017.

Como segunda medida, ajustó los gastos de capital, que caen un 20% en términos reales respecto a 2017. En este marco, seguir aprovechando los ingresos del peaje suena como una buena alternativa para ensanchar las arcas del Estado.

A su vez, el gobierno nacional viene ayudando al GCBA a cumplir con el objetivo de reducir su déficit. Ya le incrementó las transferencias por coparticipación y se comprometió con el financiamiento y/o realización de varias obras, tales como el levantamiento de las vías de los trenes Mitre y San Martín; la extensión del Sarmiento, Belgrano Sur y Roca al Obelisco y la realización del Paseo del Bajo.

El levantamiento de las vías, si bien será financiado por el Gobierno Nacional, en un comienzo AUSA las realizará y costeará, que luego recibirá recursos de Nación. Por su parte, las extensiones de líneas de trenes hasta el obelisco se realizarían mediante los PPP nacionales. Por último, el Paseo del Bajo, se pagará en parte con un préstamo que le solicitó Nación a la Corporación Andina de Fomento (CAF) y lo restante a través de la venta de los terrenos Catalinas II por U$S 300 millones, que fueron transferidos desde Estado Nacional a la Ciudad en 2017.

 

En conclusión, el ajuste que se propone realizar la administración de Rodriguez Larreta en 2018 tiene varias aristas. Baja pauta salarial para los empleados de la administración pública y docentes, caída en gastos de capital y aumento de los peajes con un claro fin recaudatorio. En este sentido, a diferencia de lo que sucede con otros aumentos tarifarios impulsados por el Gobierno Nacional, donde se busca que los servicios se sostengan sin subsidios-, aquí el GCBA no aumenta tarifas para el normal funcionamiento de las autopistas porteñas, sino para aumentar la recaudación en el marco de una política de déficit cero. Una de las grandes paradojas es que, son en gran medida los trabajadores de la Provincia de Buenos Aires quienes están financiando al GCBA uno de los distritos más ricos del país.

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