Ancla salarial como política antiinflacionaria

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Por Federico Pastrana

En Argentina, las devaluaciones siempre tienen impacto sobre los precios. La discusión es con qué intensidad lo hacen y con qué velocidad, pero hay consenso en que las devaluaciones son inflacionarias.

A fines de 2017, ante el fracaso de las metas anunciadas, el Gobierno decidió realizar un reajuste de las proyecciones de inflación. Esto implicó en los hechos un salto en el tipo de cambio, porque los principales actores del mercado financiero anticiparon un menor rendimiento de los pesos y dolarizaron sus carteras inmediatamente. El empeoramiento del escenario internacional en las últimas semanas echó leña al inestable mercado cambiario, lo cual presionó aún mas al tipo de cambio. Dado que el BCRA no intervino decididamente, el tipo de cambio se situó en torno a los 20 pesos por dólar.

Como se cansa de repetir Sturzenegger, la inflación en 2017 fue menor que en 2016: paso de un exhorbitante 41% a un incómodo 25%.

En 2017 la “desinflación” se logró a partir de un tipo de cambio creciendo bien por debajo de la inflación, una postergación de los aumentos de tarifas para despues de las elecciones, y una presión sobre los acuerdos salariales, que terminaron ganándole a la inflación pero no llegaron a recuperar los valores previos a la crisis de 2016. La política monetaria y fiscal, propugnados por el gobierno, estuvieron lejos de imprimir un impacto directo sobre los precios. Lo central para la caída de la inflación fue el ancla cambiaria.

Esa “desinflación” permitió la recuperación de la masa salarial real que, junto con la obra pública y el crédito, fueron los soportes más importantes de la recuperación. La desinflación es central en el modelo económico actual, no sólo por sus efectos sobre la inversión y la “estabilidad macroeconómica” sino porque, como en 2017, podría ser expansiva.

Por lo tanto, la inflación va a ser una de la piezas centrales de la economía de este año. El éxito o fracaso de la “lucha antiinflacionaria” del gobierno y cómo la realice será central en la posibilidad de que la economía pueda pasar de una recuperación a un crecimiento en 2018. Ahí está uno de los principales problemas de la estrategia macroeconómica actual.

Este año comenzó bien distinto a 2017. El tipo de cambio ya pegó un salto de 15% en dos meses, con efectos sobre los precios que ya se empezaron a evidenciar. Los precios del transporte y los anunciados en servicios públicos muy superiores a la inflación actual también van a ejercer su presión. En este marco, la intención de establecer una pauta salarial de 15%, con una inflación actual en 25% implica en los hechos que el ancla nominal más importante que propone el gobierno es el salario. La política fiscal, se suma a este ancla, pero está íntimamente relacionada con la salarial.

La conflictividad entre los sindicatos y el gobierno se puede entender en este marco. No sólo están las amenazas a los líderes sindicales y la puja por los recursos, sino quién sufre las consecuencias de la lucha antiinflacionaria. En el actual contexto, difícilmente el gobierno pueda ganar la pulseada a los trabajadores. Las manifestaciones masivas y el actual contexto de descontento con el gobierno le juegan en contra. Pareciera que el macrismo no logra entrar en uno de los núcleos más duros de la distribución del ingreso: los derechos laborales y sociales relacionados con las instituciones laborales y las políticas de derechos como la AUH.

De todas formas, aún si lograra imprimir una victoria sobre los sindicatos, el gobierno no podría hacer frente a uno de los componentes más importantes de la actual inflación: la inercia inflacionaria. Los salarios, varios gastos importantes del Estado asociados a la Ley de Movilidad Jubilatoria y los alquileres tienen un fuerte vínculo con la inflación pasada y le imprimen a la inflación un caracter inercial. Los primeros se mueven con los acuerdos del año pasado, los segundos con la inflación de 6 meses atrás y los terceros con contratos fijados hace dos o tres años. Esto implica que, por más que el gobierno convenza a los actores de que la inflación en 2018 va a ser 15%, ésta no pueda bajar “de un dia para el otro”.

En síntesis, apostando a una economía con un tipo de cambio más alto, dejando atrás el ancla cambiaria y con aumentos en los servicios públicos, el gobierno pone el centro de la política antiinflacionaria en los salarios, con un consencuente impacto recesivo. Esto implica necesariamente una repetición de las dinámicas tradicionales de la economía argentina: inflación que no baja sustantivamente y crecimiento débil. Sólo una mejora del escenario internacional podría sacar a la economía de este problema. Díficilmente esto ocurra.

 

 

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